Dado las notas agraviantes que hemos leído en los medios de comunicación y el video vergonzoso que circula por las redes sociales en torno al comportamiento nada ético de parte de los ex diputados de la 60 Legislatura y supuestamente de algunos funcionarios públicos de Gobierno del Estado, consideramos que en nuestro estado se requiere de urgencia la creación de un Marco Jurídico Institucional para que nuestros legisladores, funcionarios públicos y políticos corruptos, sean castigados.
Este pronunciamiento de nuestra parte debe ser planteado en nuestro Congreso estatal por parte de los diputados que conforman la 61 Legislatura, Especialistas Universitarios de la UAZ y sociedad, con la finalidad de aprobar una Ley Anticorrupción que combata y castigue este lastre que a través de sus diferentes modalidades, lesiona tanto al erario público del estado, como a la sociedad a quien ofende y agravia.
Como legisladores deben de encontrar rutas innovadoras para enfrentar y subsanar este problema en la entidad que debe considerarse ya de salud pública, por lo que en esa virtud les lanzo el reto de no temer a los cambios y adoptar modelos seguidos con éxito en otras latitudes, en donde se cuenta con un Tribunal de Cuentas; porque mientras la corrupción y la impunidad en nuestro estado no disminuyan y en esa virtud no se vean legisladores, funcionarios públicos y políticos castigados por dicho ilícito, como los hasta ahora supuestamente cometidos por los ex diputados de la 60 Legislatura del estado, por la discrecionalidad con que manejaron los recursos públicos que se les confiaron, y supuestamente el comportamiento nada ético de algunos funcionarios públicos de Gobierno del Estado, será difícil lograr una política pública que reduzca la corrupción en nuestra entidad.
Por lo anterior, un servidor se pregunta: ¿Por qué la mayoría de los legisladores, funcionarios públicos y políticos son corruptos? La respuesta es sencilla: Porque nadie los castiga; porque en nuestro estado jamás ha habido castigo para ellos; Porque sus acciones quedan en la impunidad y en la desmemoria.
Por lo que en razón de ello, un servidor invita a la 61 Legislatura del estado y a especialistas universitarios de la UAZ, a diseñar con urgencia una iniciativa de ley con proyecto de decreto, con la finalidad de crear un Tribunal de Cuentas o un Organo Constitucional Autónomo en nuestra entidad, con facultades de Ministerio Público, toda vez que éste, estamos seguros, ayudaría a resolver la corrupción y la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Este Tribunal u Organo Constitucional debe de contar con máxima independencia de los tres poderes de gobierno, gozar de autonomía técnica y funcional para ejercer mejores funciones mediante facultades de Ministerio Público, para que pueda ejercer la acción penal donde encuentre presuntos delitos en el ejercicio de los recursos públicos y los demás ilícitos que conforman la corrupción e incluso, realice un profundo análisis de todo nuestro Sistema de Procuración e Impartición de Justicia en el estado, porque es ahí donde consideramos que existe un cuello de botella que nos ha impedido perseguir y castigar la corrupción de manera efectiva.
La corrupción en nuestro país podríamos decir que es multifactorial y muchísimos de sus casos presentan un gran rezago en las instancias judiciales y de justicia, por lo que combatirla y castigarla representa un acto de conciencia plena, de responsabilidad y de compromiso del estado.
Por todo lo anterior, un servidor considera que en nuestro estado es impostergable una acción frontal de estado en contra de este lastre, en razón de que no podemos ni tampoco debemos continuar en la indiferencia como hasta ahora, porque bien puede ser considerada esta acción, como el primer eslabón de complicidad, de cohecho y de consentimiento de la corrupción de parte de nuestras autoridades.
Por lo tanto, consideramos que se debe de trabajar de inmediato en el ámbito legislativo para combatir la corrupción en nuestro estado, en donde, según hemos apreciado en el correr del tiempo, se ha convertido en el Modus vivendi o Modus operandi de muchos de nuestros legisladores, funcionarios públicos y políticos en la entidad.
Ojalá que la Norma Jurídica que se legisle al respecto determine de manera puntual el cómo, cuándo, dónde y qué sanción se debe de aplicar a quienes cometan este tipo de ilícitos.
El legislador y el funcionario público, al momento de asumir su cargo, deben tener claridad suficiente sobre el hecho de que su juramento y compromiso de servicio, apareja el cumplimiento no sólo de la legalidad en el desarrollo de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones, sino que también esa misión debe además apegarse a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, espíritu de servicio y buena fe.
La trasgresión a esos principios éticos puede y debe dar lugar a que su conducta sea investigada y eventualmente sancionada por la ley, en aras de asegurar que los agentes públicos cumplan fiel y estrictamente las obligaciones de su cargo.
El Deber de Probidad, término que atinadamente utilizan algunos estados en nuestro país, consiste en orientar la gestión del legislador y el funcionario público, a la satisfacción del interés público y de manera fundamental, a identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y sobre todo en condiciones de igualdad para la comunidad que sirve, así como también, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley. ■
