La supuesta “indignación” que el ex presidente Felipe Calderón dice sentir por el espionaje que le practicó la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos llama la atención por lo que representa. Es insoslayable el matiz irónico en las palabras del michoacano, quien desde la comodidad de las “chambitas” que le son asignadas en los pasillos académicos norteamericanos y en foros a modo, se mantiene seguro y alejado de la estela de problemas que dejó con su mandato. Y es que luego de que el semanario alemán Der Spiegel revelara más documentos infiltrados por Edward Snowden, a Calderón no le quedó más remedio que salir a la luz y declarar en su cuenta de Twitter que solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, José Meade Kuribreña, transmita una enérgica protesta a Estados Unidos por el presunto espionaje.
Incluso en el supuesto de que el reclamo del ex presidente fuera legítimo, contrastaría significativamente con lo que en el tema han dicho en los últimos meses mandatarios como Dilma Rousseff o Evo Morales, los cuales han propuesto canales como el Unasur y los tribunales internacionales para tomar medidas sobre una práctica a todas luces ilegal por parte de EU. Por el contrario, la declaración de Calderón se antoja forzada por la situación que ha salido a flote, pero a la vez inofensiva, estéril, y acorde con el papel de subordinado de EU que desde el inicio de su gobierno en 2006 decidió adoptar.
Sin embargo Felipe Calderón no sólo se mantiene al margen del bloque latinoamericano que ha protestado por el espionaje de Estados Unidos, en realidad su sitio está más cerca de la complicidad y la franca hipocresía. Y es que el “presidente del empleo” pareciera olvidar que tanto la Iniciativa Mérida como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ambas avaladas por su gobierno, han vulnerado de raíz la soberanía nacional mexicana al concretar un doble movimiento que por un lado criminaliza a México en el marco de la lucha contra las drogas, y por el otro privilegia a Estados Unidos no sólo en materia de seguridad, sino en el ámbito económico y político con respecto de nuestra territorio. Ambas iniciativas han cumplido con su función de cincho para dar pie a la geoestrategia de Estados Unidos, en la cual la información privilegiada y el espionaje resultan fundamentales y han conducido a la penetración de las instituciones nacionales, esas a las que Calderón ha pretendido defender en estos últimos días desde un peldaño de indignación. Prueba de esta penetración queda para el recuerdo con Genaro García Luna, quien como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón ofreciera libre acceso a datos de seguridad al secretario de Seguridad Interior de EU, Michel Chertoff, lo cual también salió a la luz gracias a un cable de Wikileaks. Pese a que el hecho se considera traición a la patria de acuerdo a lo que establece el artículo 123 constitucional, ni García Luna ni Calderón tuvieron que rendir cuentas al respecto, mucho menos modificar la subordinación hacia el vecino del norte.
En su momento el New York Times también advirtió sobre esta situación, y en agosto de 2011 refirió que tanto el Pentágono como otras agencias de seguridad mantienen agentes norteamericanos armados en México y se permite la libre operación de drones (aviones no tripulados) para labores de reconocimiento, lo cual difícilmente podría pasar desapercibido para el gobierno mexicano. En un nivel más delicado se fomenta el asesoramiento de agentes aduanales, policías de diversos niveles y miembros del Ejército Mexicano por parte de agentes norteamericanos, lo cual resulta tanto o más grave que el espionaje en cuestión, pues conlleva incidir en las instituciones desde sus raíces. El tema es serio, pero no nuevo, pues la tutela-intervención de Estados Unidos está presente en México y en muchos otros países incluso antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, momento en que dicho país se fortalece de manera definitiva y busca intervenir en las zonas que pueden rendir dividendos a su incipiente geoestrategia. Los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas constitucionales que se han realizado en México forman parte de dicha incidencia, pero la puerta no sólo se le abrió al espionaje con estas medidas, sino que se trabajó en conjunto con éste, como demuestra el asesoramiento de Estados Unidos al gobierno de Luis Echeverría al perpetrar la Guerra Sucia, y cuyo correlato son los episodios de contrainsurgencia y opresión de masas disidentes durante las últimas décadas. En materia legal la injerencia disfrazada de “colaboracionismo” ha puesto a México en desventaja, y ello se ha venido reforzando en acuerdos como el del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), firmado por Ernesto Zedillo, el cual también permitió el manoseo de datos por parte de EU; con los tratados avalados por Vicente Fox en materia comercial y migratoria, los cuales subordinaron a México a la agenda estadounidense al tiempo que permitieron acceder y controlar información, y a últimas fechas con la creación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por parte de Enrique Peña Nieto, organismo encargado de aglutinar la información que generen todas las instancias de seguridad y procuración de justicia de México. El CNI, de inicio, es asesorado por un puñado de especialistas en seguridad norteamericanos.
¿Es verosímil pensar que un presidente con un agudo sentido de la belicosidad y la paranoia como es Calderón, no estuviera al tanto de la situación que se deriva de todos estos hechos? ¿Tiene autoridad moral Felipe Calderón para salir de su zona de confort ex profeso, o simplemente se vio obligado a emerger de ella para continuar la inercia de declaraciones en el tema del espionaje entre México y Estados Unidos? ■
