■ Actualmente las 18 empresas del sector que operan en la entidad aportan 70 mdp, señalan
Con el pago de derechos de 7.5 por ciento sobre las utilidades mineras que realizarían las empresas de este sector con la Reforma Hacendaria, llegarían a Zacatecas entre 200 y 300 millones de pesos anuales, expuso el subsecretario de Minería y Parques Industriales de la Secretaría de Economía (Sezac) estatal, Cristopher Avila Mier.
Este recurso se administrará a nivel nacional con un fideicomiso que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Es un fideicomiso mediante el cual, de la bolsa general, 60 por ciento es para la Federación y 40 por ciento para los estados y los municipios”, precisó.
El dinero que se recaude mediante este impuesto, comentó, podrá destinarse a obras de infraestructura social, educativa y demás rubros considerados prioritarios en las comunidades y municipios donde se ubiquen las explotaciones mineras.
Para decidir el enfoque de la inversión, agregó, se conformará un comité técnico en el que habrá un representante de Gobierno federal, otro del estatal, de la administración municipal y también de la empresa que esté en la zona en cuestión.
La cifra de más de 200 millones de pesos contrasta con los cerca de 70 millones que en estos momentos se aportan con fines sociales en las localidades zacatecanas, entre las 18 empresas del sector minero que operan en la entidad.
“Lo que ellos (los empresarios) tenían etiquetado como de gasto en inversión social era algo cercano a 70 millones de pesos. Ahora ese dinero sea el que quizá las empresas ya lo dejen de ejercer a su arbitrio y sea simplemente que, a través del pago a los impuestos, podamos llegar a una cantidad de entre 200 o 300 millones de pesos para aplicarlo directamente”, explicó Avila Mier.
Aunque el esquema bajo el cual se manejarán estos recursos todavía no está establecido a 100 por ciento, el subsecretario comentó que, si tienen que esperar a que termine el ejercicio fiscal para aplicarlos, sería hasta el año 2015 cuando la primera partida de este dinero llegue a la entidad.
Lo más conveniente, expuso, sería que pudieran ejercerse los diferentes montos conforme fueran ingresando al fideicomiso, a fin de que las localidades pudieran tener estos apoyos con mayor frecuencia.
Aunque precisó que, “entre más se junte, se pueden hacer proyectos de más envergadura: caminos completos, escuelas; y ya con una bolsa más importante”.
Aseveró que el argumento esgrimido por las empresas mineras para rechazar 7.5 por ciento de pago de derechos por sus utilidades fue que, “agregado a lo que son 50 centavos al precio por litro de diesel, más 0.5 por ciento del impuesto a la comercialización de algunos metales, sumado al IVA, sumado al ISR que se genera; da una tasa global superior a 50 por ciento en términos del dinero que se gasta en impuestos de alguna manera u otra”.
Por ello, reconoció que sí puede haber una reducción, por ejemplo, en el hecho de que “ya no compren tanta maquinaria, que sea más bien de reparación, y quizá se reduzcan más los montos que ejercen para la compra de asesorías, sobre todo, algunos servicios, donativos, apoyos que ellos venían dando directamente a las comunidades, seguramente se verán afectados”.
Sin embargo, el funcionario aseguró no está en riesgo la operación de las compañías de este sector en el país, puesto que en “muchas de ellas es demasiada inversión como para detenerse por un pequeño porcentaje”.
