La sectaria cobertura mediática sobre los recientes bloqueos y movilizaciones de los sectores magisterial y campesino en demanda de sus legítimas causas ya derivó en un desafortunado incidente entre los maestros y una televisora local y a diversos episodios violentos protagonizados por mexicanos agraviados, como el reciente ataque de locatarios de Tepito a algunos profesores el pasado 13 de octubre.
Estos lamentables hechos muestran varios aspectos preocupantes y reveladores del deterioro social que experimentan el país y Zacatecas. Debe tenerse en mente, por principio de cuentas, que tanto los sectores de manifestantes como muchos de quienes piden mano dura contra los profesores pertenecen a sectores tradicionalmente discriminados, excluidos, violentados en sus derechos y libertades; criminalizados en sus formas de expresión social, desatendidos y maltratados por las autoridades de los distintos niveles. Sin embargo, estos puntos en común no son suficientes para alentar una mínima empatía o respeto por sus causas.
Ello es alarmante por lo que pone en evidencia: la erosión de una cohesión social sin la cual no podría explicarse la precaria estabilidad política en que ha vivido el país durante las pasadas tres décadas del ciclo neoliberal. Sería muy grave que en la circunstancia nacional y estatal actual, cuando diversos sectores recurren a las movilizaciones en defensa de sus derechos legítimos, amenazados o cuestionados por las reformas estructurales en curso de aprobación, proliferaran los ataques de otros grupos ciudadanos contra quienes se manifiestan en uso de sus derechos constitucionales. Los hechos comentados permiten ponderar el impacto de la satanización mediática que se ha venido promoviendo desde hace meses contra el magisterio disidente, al ser mencionados frecuentemente en medios formales y redes sociales con calificativos ofensivos y racistas –huevones e indios, por ejemplo.
Igualmente grave sería que las agresiones fueran instigadas desde las instituciones con el propósito de debilitar los movimientos, toda vez que acciones de esa naturaleza, lejos de desactivar las protestas, las enconaría y complicaría. En suma, estamos viviendo una cosecha de fobia social promovida por autoridades y poderes fácticos en contra de una lucha magisterial que –sin desconocer las afectaciones y perjuicios provocados por su prolongada presencia en las calles– es fundamentalmente pacífica y legítima.
Es necesario, ante el riesgo de que las agresiones se reproduzcan y crezcan la explosividad y el encono, que las autoridades estatales actúen como elemento de contención, distensión y con pleno apego a derecho. La sociedad en general debe comprender que la lucha magisterial en curso es un ejercicio legítimo y atendible de defensa de derechos laborales y de una concepción de la enseñanza pública, no un mero capricho de empleados públicos privilegiados empeñado en causar molestias a la población. Ante ello, la reflexión, la contención y la mesura deben primar en la sociedad y en nuestras autoridades.
