Los maestros de la CNTE exigimos a Peña Nieto el veto de la Ley del Instituto Nacional para la Educación (INEE), Ley General de Educación y la Ley del General del Servicio Profesional Docente. Petición que tiene alcance nacional, con más de 22 estados que están apoyando el movimiento.
El magisterio democrático del país y de Zacatecas desconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el respeto hacia ellos se ha perdido. Ellos no son ahora los representantes, sino los verdugos. La publicación de estas leyes secundarias es el golpe más fuerte a la educación pública a lo largo de su historia.
Conquistar los derechos laborales de los que hasta hace poco el magisterio gozaba llevó por lo menos medio siglo, no permitiremos que sepulten estas conquistas. Para el gobierno de Peña Nieto la publicación de sus retrógradas leyes es cerrar un capítulo a la educación pública gratuita. Para el movimiento magisterial es la oportunidad de iniciar una desobediencia civil pacífica que conserve las conquistas de la educación pública gratuita. Los neoliberales ven progreso en la venta de los recursos naturales y la extinción de los derechos sociales básicos, pero lo único que lograrán es hundir aún más a México en la miseria, para poder instaurar una dictadura con el PRI a la cabeza.
Las afectaciones laborales a los maestros están a la vista, infieren que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) es a todas luces regresiva a los tiempos del porfiriato, cuando la profesión de maestro dependía del capricho y voluntad de las autoridades. También es claro que las normales serán fábrica de desempleados: en el artículo 22 de la LGSPD se dice que después de seis meses obtendrán su plaza base, pero que si no pasan las evaluaciones será retirado su nombramiento. Para permanecer en el empleo el artículo 53 dice que los maestros deben ser evaluados, de no hacerlo o no aprobar en la tercera oportunidad, serán despedidos. Pero no se explica en qué consistirá la materia de evaluación, ni el mecanismo de transparencia para dar a conocer los resultados. Y con el antecedente de que México es una país con altos índices de corrupción y de opacidad, esta propuesta es para alarmar a cualquiera. Lo mismo pasará con directores y supervisores, quienes una vez reprobados y retirado su nombramiento, quedarán a disposición de las autoridades educativas. Este es un régimen laboral de excepción que lo único que va a lograr es una desprofesionalización del magisterio en desmedro de la atención de nuestro niños jóvenes.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se encargará de evaluar la práctica docente, estará induciendo la estandarización de procesos enaquello que es imposible: la creatividad y trato humano con los alumnos. Todo instrumento de evaluación cuantitativa, sin investigación educativa desde abajo, serán arbitrarios e injustos. Por otro lado, la Ley General de Educación da paso a las cuotas escolares y a la administración de la escuela como una empresa.
El gobierno ha decidido la presente reforma argumentando la calidad en la educación con argumentos de pésima calidad. Por ello, ahora marchamos e iniciamos un paro indefinido, en medio de la desmedida represión por parte del gobierno. Y por ello también se han sumado innumerables comités de padres de familia en apoyo al movimiento.
En suma, las demandas son las siguientes: (1) el veto o abrogación de las leyes secundarias, (2) garantías laborales plenas; sin ser condicionada su permanencia por los resultados de la evaluación. Los normalistas deben tener derecho al trabajo; (3) Desconocemos al SNTE como representante legal y se convoca al magisterio a la desobediencia y a su expulsión.
Desde este momento emplazan a las autoridades, al gobernador, al secretario de Educación y a la 61 Legislatura para que den respuesta a estas peticiones. ■
