En teoría hoy comienza el paro de labores convocado por la disidencia magisterial y por ello vale la pena la comparación con nuestro país vecino -Estados Unidos-, donde la aplicación de reformas educativas impulsadas en la década reciente no sólo no ha contribuido a resarcir los rezagos existentes en materia de enseñanza pública, sino que la ha mermado y afectado hasta un punto de aparente no retorno.
Es paradigmático el caso de Chicago, donde medio centenar de escuelas fueron cerradas de manera súbita en mayo pasado como consecuencia del déficit millonario en sus gastos de operación, en una decisión que generó múltiples movilizaciones y huelgas magisteriales y un rechazo mayoritario de la ciudadanía. Significativamente, los principales afectados por estas clausuras son niños de barrios latinos y afroamericanos, quienes podrían perder varios meses de clases.
La clausura de los centros educativos en Chicago –que representan 10 por ciento del total de las escuelas en esa urbe– forma parte de un fenómeno mucho más amplio en el vecino país, como consecuencia de reformas educativas muy similares a la impuesta recientemente en México, basadas en un enfoque reduccionista e improcedente de la enseñanza y la evaluación educativa; inoperantes en lo que se refiere a la erradicación de los rezagos educativos –los cuales persisten y se profundizan en todo el sistema estadunidense– y que ha terminado por revelarse como una embestida contra la escuela pública y a favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares. Significativamente, los alumnos afectados por los cierres de planteles en la ciudad de los vientos serán reasignados a las llamadas “escuelas chárter”, beneficiarias de recursos públicos, pero administradas por particulares, en lo que constituye un claro ejemplo de privatización masiva y descarada de la enseñanza en ese país.
Ante la evidencia de que ese modelo educativo no funciona y que transita en sentido contrario del derecho de la población a la enseñanza pública, resulta incomprensible el empeño por continuar y profundizar esa misma práctica en México con sus repercusiones en Zacatecas, donde las condiciones de desigualdad social y abandono de los ciclos y planteles educativos a cargo del Estado son mucho más acentuadas que en el vecino Estados Unidos, donde aumenta el descontento magisterial, inmerso en un entorno institucional lleno de corrupción.
La atención de los rezagos educativos pasa por abandonar el modelo económico depredador aún vigente, corregir las desigualdades socioeconómicas, introducir factores de racionalidad y bienestar en la economía y, sobre todo, terminar con el abandono presupuestario con que las últimas administraciones han condenado a los ciclos de enseñanza de todos los niveles bajo la responsabilidad del Estado. En tanto las políticas no toquen esos puntos, la sociedad y en especial el magisterio zacatecano tiene razones de sobra para sospechar y para ver en ellas no un afán de mejoramiento educativo, sino un designio de trasladar a manos privadas una responsabilidad que corresponde al Estado por mandato constitucional.
