El 26 de junio de 2012, durante su campaña por alcanzar la presidencia de la República, usted firmó la agenda 10 por la infancia que propusieron a todos los candidatos a la primera magistratura Unicef y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Un punto particularmente importante de esta agenda, que también contó con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, así como de Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, se refiere al compromiso de “Presentar una Ley General sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos.”
Durante más de un año la REDIM se ha dedicado a propiciar un debate amplio ya acercar al gobierno y a los partidos políticos a la legislación internacional y a las distintas experiencias institucionales alrededor de lo que se considera un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia.
En ese mismo periodo han surgido dos iniciativas de ley por parte del PRD. En las próximas semanas el PRI presentará la suya. Sabemos que su colaboradores y la bancada de su partido pretenden mantener la “rectoría” del DIF en políticas de infancia, así como crear un Consejo Intersecretarial “pequeño” y una Procuraduría Federal del Menor y la Familia.
¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia estaría produciendo la propuesta del gobierno y del PRI frente al DIF y a la ley que actualmente tenemos? ¿En qué difieren y en qué coinciden la propuesta oficial y las del PRD? No lo sabemos. Por eso necesitamos un amplio debate, que debe ocurrir en cuanto el gobierno y el PRI bajen sus cartas y las pongan en la mesa, para poder analizarlas junto a las demás propuestas que ya se conocen. En esta perspectiva podemos señalar lo siguiente.
El DIF ha mantenido la rectoría de las políticas de infancia en México desde los años 70. Eso no es nuevo. El problema es que no ha sido una institución ni con la fuerza ni con el liderazgo que se requieren para marcar una política de infancia que trascienda una lógica asistencial y promueva el cambio que se necesita para enfrentar la compleja problemática de la infancia en México. Prueba de ello es que México no cuenta con un sistema de protección integral de la infancia, a diferencia de muchos otros países de la región. Alejandro Morlachetti, en el informe «Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe», señala que “si bien existe una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la misma no se establece un Sistema de Protección, y las políticas y programas de infancia dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que es una institución de asistencia social que depende de la Secretaria de Salud y sin competencia para obligar y/o articular a otras secretarías.”
Entonces, ¿las propuestas del PRI y del PRD están considerando en sus iniciativas una ley general que asegure la existencia de ese sistema de garantías que necesitamos? ¿Está a la altura del reto ese “pequeño” Consejo Intersecretarial?
Morlachetti señala en el informe mencionado que la Ley de Protección del año 2000 constituyó un avance en su momento, “pero ya desde su emisión se anticipaba la carencia de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.”
La modificación al artículo 73, fracción XXIX-P, de 2011, precisamente trata de salir al paso de esta falta de efectividad y coordinación. De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, las reformas impulsadas hasta antes de estas modificaciones no permitieron superar la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referentes a la infancia en los distintos ámbitos.
¿Las propuestas del PRI y del PRD tienen los “dientes” necesarios para ser consecuentes con el espíritu de la reforma al 73 constitucional, que precisamente se hizo con la idea de impulsar una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños en toda la República?
Quizá no es la mejor decisión reducir el sistema de protección a una institución como el DIF, a menos que se produzca una transformación de tal envergadura que ya no sería lo que es actualmente.
Lo invitamos, señor presidente Peña Nieto, a recordar a sus colaboradores y a la bancada de su partido que usted tiene un compromiso de campaña con los niños, las niñas y los adolescentes de México, no con el pasado.
Requerimos que las propuestas del ejecutivo y su fracción parlamentaria estén a la altura de la reformas al artículo 73 y, sobre todo, a la altura del artículo 1o constitucional.
Tenemos todo para dar un imperfecto, pero verdadero, paso adelante. Usted sabe, porque lo ha dicho, “que aún hay derechos para una gran parte de los mexicanos que sólo se mantienen en el papel.” De combatir eso estamos hablando.
Por eso lo invitamos a cumplir con su compromiso en favor de la infancia. De otra manera sólo estaremos dando una nueva vuelta de tuerca a la falta de efectividad en la garantía de sus derechos cosa que, la verdad, no nos hace ninguna falta. Abramos un amplio debate. ■
@odisea_ac
@luisbarquera
