■ Se lleva a cabo la investigación para deslindar responsabilidades, tanto en la PGJE como en la SFP
El combate a la corrupción en Zacatecas, por parte de las instituciones encargadas de castigar estos delitos de los servidores públicos, hasta el momento no ha dado los resultados esperados.
Desde la semana pasada, Gobierno del Estado inició una investigación de oficio sobre el presunto caso de corrupción en la Sexagésima Legislatura local y en el que, a través de un audio, se desveló un supuesto pago de 100 mil pesos por parte de las autoridades estatales a los ex diputados que aprobaron el presupuesto 2013.
Actualmente se están llevando a cabo las averiguaciones para deslindar responsabilidades a quien corresponda, en caso de que se demuestren los hechos. Pero cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que se busca resolver problemas de corrupción en el estado.
Ya con anterioridad, la dependencia encargada de estos casos, la Secretaría de la Función Pública (SFP), antes Contraloría Interna, pero cuyo titular continúa siendo Guillermo Huizar Carranza, había iniciado procedimientos debido a la comisión de diferentes delitos en Zacatecas.
En estas irregularidades se vieron involucrados servidores públicos que ocupaban puestos de primer nivel; al igual que en este caso más reciente en el que, a través del escándalo que comenzó a difundirse hace dos semanas en redes sociales, se deriva la presunta participación en los hechos de Francisco Escobedo Villegas, secretario General de Gobierno, y Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas, aparte de algunos ex legisladores.
El proceso más destacado que se impulsó por parte de la SFP fue, a inicios de la administración, el caso en contra de la ex gobernadora Amalia García Medina.
La ex mandataria estatal se amparó ante los procesos de auditoría y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre del año 2011 le autorizó este derecho. El organismo federal declaró inconstitucional la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Zacatecas debido a que en el documento, elaborado hacía más de 10 años, faltaba la firma de quien en ese momento fungía como contralor, Jorge Hiriartt.
En aquel momento, el secretario Guillermo Huizar Carranza expuso que el hecho de que la SCJN avalara el amparo, no significaba un pronunciamiento a favor o en contra de la inocencia de la ex gobernadora, por lo que no se estaban cuestionando las irregularidades.
Sin embargo, a pesar de insistir en la validez de las faltas detectadas, finalmente no se logró un desenlace diferente del caso y con la resolución de la corte se concluyeron estas revisiones, además que se invalidaron también las sentencias en los procesos de otros ex funcionarios.
El encarcelamiento del ex oficial mayor Eduardo Ruiz Fierro y su liberación a los 7 meses bajo la figura de garantías económicas; así como el ingreso y la posterior puesta en libertad de la ex coordinadora de giras del gobierno de Amalia García, Sonia Villareal; fueron otros casos destacados y sin resolución, impulsados por la SFP.
También cabe mencionar las acusaciones y falta de solución en los casos llevados a cabo en contra de otros ex servidores públicos como Nicolás Castañeda, Víctor Infante, Jorge Miranda, Javier Calzada, Juan Antonio Rangel e Iván de Santiago, entre otros.
Finalmente fue hasta el mes de abril de 2012 cuando se aprobó una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual faculta a los órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior del Estado (ASE), representante del congreso local, y la SFP, representante del gobierno estatal, para que puedan proceder en contra de quien haya incurrido en una irregularidad.
El propio Huizar Carranza, al referirse al último caso de presunta corrupción en la Sexagésima Legislatura del estado, aseguró que no podían comenzar una averiguación sin que hubiera una denuncia de por medio, tal y como se expone en ese texto legal.
No obstante, menos de una semana después de estas declaraciones se inició una investigación de oficio por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) para tratar de llegar a una resolución de los supuestos hechos ilícitos.
Con esto, nuevamente el gobierno de la entidad tiene en sus manos la investigación de un caso de corrupción en puestos públicos de primer nivel, después de que hasta el momento en este sector de la burocracia no se hayan logrado las sanciones esperadas desde hace más de tres años.
