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jueves, 28 marzo, 2024
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Irma López Aurelio

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Por: JORGE A. VÁZQUEZ VALDEZ •

Una de las imágenes más impactantes que se han generado este año en México es la de Irma López Aurelio, indígena mazateca que tuvo que dar a luz a su hijo la semana pasada en el patio del Centro de Salud del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca, ello ante la presunta negativa de atención por parte del personal encargado de atender dicho centro.

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La imagen, en la que se aprecia a la mujer en cuclillas, con el rostro desesperado y su feto recién nacido sobre el pasto, generó indignación en las redes sociales (espacio en el que comenzó a circular la foto); la justificación del secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, quien prometió una investigación a fondo de lo ocurrido, y finalmente una queja por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la probable violación de los derechos de esta mujer.

Pese a que la polémica desatada por el hecho avizora sanciones o al menos algún tipo de reprimenda contra los responsables de este centro de salud, es poco lo que se dice sobre modificar aspectos que subyacen a esta situación.

Lo primero que hay que señalar es que no se trata de un hecho aislado, sino de un caso entre muchos de indígenas que permanecen al margen de un servicio médico digno. En el marco del pasado Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que sólo 57 por ciento de los indígenas del país tiene acceso a las instituciones o programas de salud nacionales, lo que agudiza un estado de vulnerabilidad que también se nutre por la carencia de empleo, educación y alimento.

Sin embargo su situación de marginalidad rebasa esta condición precaria y es visible en una discriminación que gestan las propias autoridades, como reflejan las declaraciones públicas de German Tenorio Vasconcelos, quien sostiene que Irma López recibió la orientación adecuada en el centro de salud, y atribuye la trágica situación a dos posibles causas: el escaso dominio del español por parte de la mujer, o su “desesperación”, lo que según él la habría hecho salir al patio a parir.

Las suposiciones del secretario de Salud de Oaxaca rozan la irresponsabilidad, incluso la ofensa y la calumnia, pues como han podido confirmar diversos medios de comunicación, la indígena mazateca duró más de dos horas solicitando atención médica. Pareciera que el responsable de garantizar la salud en ese estado se enfoca en maniobrar ante los medios para no verse perjudicado, en tanto omite las garantías que requieren más de 370 mil personas que hablan lenguas zapotecas; más de 265 mil que hablan lenguas mixtecas; 175 que dominan el mazateco, y 117 mil que hablan mixe en ese estado, por mencionar las más comunes.

De acuerdo al Inegi, para 2010 en Oaxaca había un millón 165 mil 186 personas mayores de 5 años que hablaban alguna lengua indígena, cifra que representaba 34 por ciento de la población de la entidad, lo que es un claro indicio de que los servicios de salud deben contar con las medidas para comunicarse con quienes no dominan el español, que de acuerdo al Inegi, en Oaxaca representaban para ese año 14 de cada 100 habitantes. Por su parte la CNDH se ha pronunciado porque los indígenas cuenten con servicios de salud gratuitos, oportunos y eficientes, pero su reclamo parece más un listado de buenos deseos que algo próximo a concretarse, pues incluso desde el vigente Pacto por México, en su punto 1.1 correspondiente a la Seguridad Social Universal, esto se antoja letra muerta:

“Se creará una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social Universal…”

En el marco de este pacto social, signado por los más altos mandos de los partidos políticos, cabe preguntarse: ¿Con qué tipo de seguridad social cuentan los huicholes que mendigan limosna en Zacatecas o Nayarit? ¿Qué tipo de especialidades médicas se ofrecen en la sierra tarahumara, donde el hambre y el abandono son la constante? ¿Los yaquis de la Sierra del Bacatete cuentan con un programa de salud digno y proporcional a sus necesidades? ¿Los elefantes blancos, como el hospital que construyera hace años el gobierno de Chiapas en Guadalupe Tepeyac, siguen siendo el modus operandi para justificar recursos y hacer propaganda a las administraciones en turno? Lo cierto es que el caso de Irma López Aurelio no es atípico, sino un eslabón más en una larga cadena de vulnerabilidades, abandono y omisiones hacia los grupos indígenas del país, los cuales son los olvidados entre los olvidados si se considera que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional (Coneval), más de 70 millones de mexicanos no tienen acceso a seguridad social, y los que tienen deben conformarse con atención limitada y en no pocas ocasiones negligente, así como con un sistema que tiende a la privatización y a medir la calidad del diagnóstico y el tratamiento con la regla del poder adquisitivo de los ciudadanos y no desde los principios éticos. En este contexto la amenaza de la falta de servicio médico se cierne sobre sectores que sobrepasan a los grupos indígenas del país, y se refuerza en tanto la atención se centra en hechos aislados en lugar de cuestionar a fondo un problema que es claramente sistémico. n

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