El día de hoy se da a conocer que las autoridades estatales encabezadas por Miguel Alonso y la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) trabajarán en conjunto para gestionar los recursos necesarios que la Máxima Casa de Estudios del estado requiere. El anuncio es de celebrarse pero la solución del sistema educativo de nivel superior requiere un análisis al fondo del problema y para ello es preciso partir del modelo económico.
Recientemente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que se espera un menor crecimiento para este año, de 1.7 por ciento, como consecuencia de los daños causados por los meteoros. La evidente inconsistencia en los dichos del funcionario es indicativa de una perspectiva oficial distorsionada respecto de las causas de los ciclos económicos recesivos que recurrentemente padece el país y que afectan a todas las áreas, en especial a la educación pública.
Es verdad que las lluvias ocurridas en la mayor parte del territorio nacional generaron afectaciones severas, no obstante, es impreciso establecer una relación causal entre los daños provocados por las tormentas y el crecimiento económico. En efecto, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reducido su pronóstico de crecimiento en tres ocasiones durante este año; otro tanto ha ocurrido con los cálculos y estimaciones de analistas privados y de organismos como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que informó que el país ya está en recesión.
La realidad es que entre las causas profundas de la falta de crecimiento económico real y sostenido del país, y con ello el débil financiamiento a la educación, se encuentran la dependencia comercial hacia Estados Unidos, la aplicación –durante décadas– de políticas económicas que han desmantelado el aparato productivo, han impedido un crecimiento real de los salarios, dislocado cadenas productivas y tejidos sociales, y dejado desprotegida a la mayor parte de la población.
Al día de hoy, en la agenda de políticas promovida por el Gobierno federal –que incluyen las reformas en materia hacendaria y energética– no se prevén medidas para fortalecer la educación superior, rubro por demás importante para el desarrollo nacional; tampoco se ven intenciones de avanzar hacia una política fiscal que dote de recursos al Estado sin ensañarse con los pequeños contribuyentes; no se vislumbra voluntad de los actores políticos y económicos para concluir la injusta política de contención salarial, ni se ha avanzado en el restablecimiento de los aparatos de bienestar y en el resarcimiento de las conquistas laborales que se han perdido en las últimas dos décadas.
En suma, no se ha hecho nada para corregir de fondo los problemas que han hecho vulnerable a México en materia económica, y que pasan por la aplicación de un modelo que ha derivado en un incremento de la pobreza, la marginación y la desigualdad, que ha potenciado la dependencia de la economía mexicana en relación con la estadunidense, y cuyos supuestos beneficios han sido sistemáticamente desvirtuados a golpes de realidad.
