El alcalde de la capital, Carlos Peña Badillo, mencionó que será el oficial mayor del municipio, Pedro García Tachiquiny, quien deba demostrar que no tiene problemas legales y que es un funcionario público de confianza.
“Es una situación que él deberá explicar, la generación de la polémica que se ha suscitado. Yo creo que es él quien debe demostrar que no existe tal situación, él deberá dar la cara y la información para que ustedes tengan la certeza y la tranquilidad que es un servidor público y un ciudadano con derechos y obligaciones como todos nosotros”, dijo Peña Badillo.
Lo anterior en aclaración a un boletín emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que presuntamente se indica que el ahora funcionario fue detenido el 29 de octubre de 2004, por el delito de tráfico de psicotrópicos.
El comunicado emitido por la PGR, número 1071/04, con fecha del 29 de octubre de 2004, de la Ciudad de México, fue titulado: Dictan formal prisión a integrantes de una banda de traficantes de psicotrópicos. Entre los que se encontraba presuntamente el oficial mayor, quien aparece como Pedro Antonio García Tachiqui y/o Pedro Antonio García Tachiquiny y/o Pedro Antonio García Taquichini.
Según el documento, desarrollaban sus actividades en Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Coahuila, principalmente.
La venta ilícita de las sustancias controladas era realizada por la empresa Proveedora de Medicamentos SA de CV Promesa.
El juez décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, dentro de la causa penal 117/2004-IV, dictó auto de formal prisión en contra de nueve personas vinculadas con una organización criminal dedicada a perpetrar delitos Contra la salud, en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Coahuila.
Los inculpados se dedicaban al tráfico en grandes cantidades de medicamentos controlados, entre ellos los denominados Asenlix, Rohypnol, Flunitrazepam, Rivotril y Clonazepam, considerados como psicotrópicos por la Ley General de Salud. La venta ilícita de estas sustancias la realizaba la empresa Proveedora de Medicamentos SA de CV Promesa, sucursal Aguascalientes.
Así, por la probable responsabilidad en la comisión del injusto legal de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada la formal prisión la recibieron Eduardo Montenegro Montenegro; José María Jaishy Gámez y/o José María Kaisy y/o José María Kaishy Gámez; Martín de Jesús Rodríguez Gaspar y/o Jesús Martín Rodríguez Gaspar y/o Martín Rodríguez Gaspar; César Gutiérrez Alvarez (a) El Cabe; Pedro Antonio García Tachiquini y/o Pedro Antonio García Tachiqui y/o Pedro Antonio García Tachiquiny y/o Pedro Antonio García Taquichini; Juan Carlos Barrón Vidrio y/o Carlos Vidrio; José de Jesús Zazueta Urréa y/o José de Jesús Zazueta; Alfredo Flores Hernández y/o Alfredo Flores, y Guillermo García de la Torre.
Por el delito contra la salud, en la modalidad de tráfico de psicotrópicos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, el formal procesamiento también fue para Juan Carlos Barrón Vidrio y José de Jesús Zazueta Urréa.
Finalmente, también se dictó en contra de Alfredo Flores Hernández, por el delito contra la salud en su modalidad de colaborar al fomento para posibilitar el tráfico de psicotrópicos.
Cabe señalar que el juzgado décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal declinó competencia a favor del juez mixto de Distrito en el estado de Aguascalientes.
