Tal y como lo dijimos en una entrega anterior: la auditoría que se le practicaría a cada uno de los 30 diputados de la 60 Legislatura que recién terminó, sería, como ya se comprobó: “Una burda obra de teatro”, a través de la cual saldrían bien librados estos corruptos parásitos de la sociedad “que no tienen llenadero”; sólo faltó que el auditor Superior del Estado, LC Raúl Brito Berumen, les pusiera una estrellita en la frente como se les hace a nuestros niños en el kinder cuando se portan bien.
Dado la discrecionalidad con que manejaron éstos durante sus tres años de ejercicio las finanzas públicas del Congreso del Estado, citaré sólo algunos encabezados de recientes artículos dedicados a ellos, en los cuales sólo se habla de corrupción de parte éstos:
“Se destapa corrupción y desfalco financiero en la 60 Legislatura”, “Diputados salientes desfalcaron finanzas del Congreso”: “Ex diputados se asignaban 200 mil pesos mensuales para gastos de gestión y no 50 mil pesos” y “PGJE debe investigar de oficio presunta corrupción durante la 60 Legislatura”, con fundamento en el vergonzoso video que circula en www.youtube.com con el título Corrupción en Zacatecas.
De conformidad con el contenido de los artículos referidos y Video que circula en las redes sociales, los 30 diputados de la 60 Legislatura, sin lugar a dudas que deben ser acreedores a sanciones diversas, no sólo por la corrupción y desfalco financiero en contra de las finanzas del Congreso del Estado, sino también, como lo dijo un experto en Derecho, Aquiles Gonzáles Navarro, en el caso del video, por haber recibido soborno de 100 mil pesos algunos de ellos, por aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado; por lo que de ser cierta tal aseveración, de este ilícito se derivarían tres delitos distintos: “peculado”, “de tipo electoral” y “abuso de poder”, según lo afirma el citado especialista, por lo que la “PGJEZ debe iniciar de oficio una investigación por presunta corrupción en la 60 Legislatura”; y como prueba de que sí existió tal “reunión secreta”, existe la declaración al respecto de exdiputados petistas que asistieron a la misma.
Sobre este delicado tema nos decía el desaparecido constitucionalista Jorge Carpizo McGregor, abogado, jurista y político mexicano, que en nuestro país era apremiante la creación de un Tribunal de Cuentas o de un Organo Constitucional Autónomo, con facultades de Ministerio Público, porque estas instituciones ayudarían a resolver la corrupción, la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos; ilícitos que de manera cotidiana y con absoluta impunidad realizaron durante su gestión los 30 diputados salientes.
Lo anterior viene a colación, en virtud de que nuestro auditor superior del estado L.C. Raúl Brito Berumen, a pesar de que como él mismo lo señala: “Sí se encontraron anomalías en aplicación de recursos en gestión legislativa 2010-2013”; y aun así éste no ha movido un solo dedo para ejercitar ante las autoridades competentes, como lo establece el artículo 10 fracción lll del Reglamento Interior de la ASE, las acciones legales que procedan en contra de los servidores públicos y/o particulares que resulten responsables, por falta u omisión en que hubiesen incurrido en el desempeño de su cargo o comisión.
Estas anomalías de que habla el auditor superior del estado y que califica “Como no graves”; de acuerdo con la declaración del presidente de la Comisión Legislativa de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la 61 Legislatura, se traducen en haberse gastado sus antecesores el recurso de las herramientas legislativas de los últimos cuatro meses del presente año (situación que se traduce en “abuso de poder”); recursos que ya no les correspondían gastar, manifestando al respecto el citado auditor que “si la Legislatura lo determinaba, los ex diputados podrían ser acreedores a una sanción”; cuando éste, de conformidad con el precepto citado, tenía la obligación de ejercitar de inmediato, ante las autoridades competentes, las acciones legales que procedieran en contra de estos servidores públicos corruptos.
Ojalá que la Comisión de Vigilancia de la 61 Legislatura, valore la necesidad de contratar un despacho externo para fiscalizar, como se debe, el gasto que ejerció la 60 Legislatura saliente, en razón de la falta de credibilidad que nos merece la ASE, y en ese contexto, de comprobarse que estos legisladores saquearon las finanzas públicas, incluso a través del fraudulento Fideicomiso que crearon para saquear éstas, en ese contexto se les debe de aplicar todo el peso de la ley.
Por otra parte, nuestros legisladores salientes tuvieron el descaro de decirnos, a través del voraz Presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la 60 Legislatura, Osvaldo Contreras Vázquez, lo siguiente:
Con respecto al Apoyo para Gestión Ciudadana que recibieron durante su ejercicio los diputados: “No siempre se puede comprobar el dinero que se dio, porque hay personas que en la calle o fuera de la oficina piden para unas medicinas; tú se los das de la bolsa y en ese momento no hay en donde sacar una credencial (fotocopia) ni se firma un recibo de la entrega”.
Y nada tarados éstos; tuvieron el cinismo de presentar comprobantes de entrega de apoyos a nombre de sus familiares, situación penada por la ley, toda vez que dichos apoyos se encuentran etiquetados para gente necesitada, pero jamás para familiares de los diputados. ■
