El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Raúl Brito Berumen, confirmó que en la auditoría practicada a la 60 Legislatura (2010-2013) como parte de la entrega- recepción, se encontraron irregularidades en la aplicación del recurso público. Aunque aseguró que no son “graves”, sólo son observaciones a las que deberán darle trámite los actuales diputados.
A propósito de que el actual presidente de la comisión legislativa de Planeación Patrimonio y Finanzas (PPF), Rafael Flores Mendoza, declaró que sus antecesores gastaron el recurso de las herramientas legislativas de los cuatro últimos meses del año que ya no les correspondía, Raúl Brito se limitó a decir que si la Legislatura lo determina, los ex diputados podrían ser acreedores a una sanción.
“Eso está en el informe de resultados y está detallado, pero eso ya corresponde a los diputados”, expuso.
Sin embargo, refirió que en caso de ser ciertas las acusaciones, los ex diputados podrían ser objeto de sanciones resarcitorias y administrativas, es decir, que regresen el dinero que no les correspondía y hasta la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Por otro lado, Raúl Brito aseguró desconocer el audio que circula en Internet donde algunos ex diputados admiten que Gobierno del Estado les pagó 100 mil pesos a cada uno por aprobar el Presupuesto de Egresos 2013.
El auditor superior insistió únicamente que el informe de la auditoría hecha a la 60 Legislatura ya se entregó al Congreso, y será en los próximos días cuando ante el pleno se emita un dictamen donde se desglose el contenido.
