Se han aprobado las leyes secundarias para la reforma educativa, esto implica el incursionar en una nueva dinámica institucional, sentirse monitoreado en el desempeño de la función docente, o tal vez el saberse fiscalizado para proceder normativamente contra el mismo; indiscutiblemente que todo esto lleva consigo cambios en la relación laboral del profesional de la docencia, al respecto tomaré como referencia tres situaciones que caracterizaron al proceso de propuesta y aprobación de dichas leyes:
I
Las leyes secundarias cambiarán el régimen jurídico y laboral de los maestros, directores y supervisores
La Reforma Educativa ha tomado otro rostro –el de la desesperación de parte de miles de disidentes o detractores de dicha reforma por la aprobación de las tres leyes secundarias –la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General de Educación y la del Servicio Profesional Docente-; esta última es la que más polémica ha causado. A estas alturas decir que un gran número de maestros no se han desempeñado de manera eficaz después de determinados años de servicio es algo así como aseverar que la educación que han recibido los alumnos no ha sido la adecuada, que los aprendizajes adquiridos y conocimientos construidos no son los apropiados.
Todo este estado de cosas se ha definido y parece agarrar rumbo, en alusión a la Ley del Servicio Profesional Docente, en un principio se plantea que los docentes podrían ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño; por supuesto que el Estado no tendría responsabilidad alguna sobre este hecho. Habrá tratamiento diferente para docentes que se encuentran en activo y para los de recién ingreso; a los primeros se les establecerá un nuevo mecanismo de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobar dichas evaluaciones en tres oportunidades, serán reasignados a otra área, menos a la académica o podrán solicitar su retiro. Para el caso de los docentes de reciente ingreso las reglas son otras: se les evaluará de manera permanente durante dos años, en dicha evaluación se considerará la “inducción” con apoyo de tutores –capataces-, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.
Con la aprobación de las reformas se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, completamente centralizado y dependiente de la Secretaría de Educación Pública, dicho organismo estará facultado para fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones –sin lugar a dudas que éste sería un órgano entorpecedor del proceso educativo-, si a ello le agregamos que los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, esperamos pues que se diseñen nuevos perfiles parámetros e indicadores de la labor del docente; esta situación llevará indiscutiblemente al mercadeo de plazas –función que los sindicatos magisteriales tradicionalmente estilan y que ahora se le agregaría otro organismo voraz-.
Un agregado…“Habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”. (La Jornada, 15/08/2013).
II
Costará poco más de 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa
Las tres leyes reglamentarias con las que se echará a andar la Reforma Educativa y de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, provocará la erogación de una cantidad de recursos económicos exorbitante. Tal vez la reforma no hubiera tenido razón de ser si esta cantidad se destinara a equipamiento e infraestructura de centros educativos que se ven desfavorecidos en estos rubros, si por cultura educativa se trabaja más por el espíritu que por la norma y, si se desterraran tantos vicios que nuestro sistema educativo padece.
El destino de semejante cantidad se hará a los siguientes rubros:
15 mil 256 millones para actividades de asesoría técnico-pedagógica.
4 mil 129 millones para quienes se desempeñen como tutores (uno por cada centro educativo).
8 mil millones 466 mil se destinarán al retiro voluntario de docentes.
905 millones a la jubilación quienes así lo deseen y que cuenten con 30 años de servicio.
Aparte de la creación de un Servicio Profesional Docente, se conformará el Sistema de Información y Gestión Escolar, quien tendrá entre sus funciones, la de regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; amén de otro tipo de funciones de orden estadístico –otro Inegi dentro del sistema educativo nacional-. Tal vez con la creación de tantas dependencias, órganos y departamentos, convertiría a la Secretaría de Educación Pública en un elefante artrítico.
III
La directora general del Instituto Politécnico Nacional pide trato autónomo para éste instituto como el que se le da a la UNAM
Es sintomático el hecho de que una investigadora del ámbito educativo como lo es la directora del IPN manifieste preocupación por que se le incluya a esa institución en el programa de evaluación magisterial previsto en las leyes secundarias de reforma educativa; dicha petición la realizó ante la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. La directora argumenta que si se les llega a aplicar las leyes de reforma educativa, se tendría que cambiar la estructura normativa de la institución; situación que provocaría conflictos internos de serias magnitudes.
Tal vez dicha petición obedece a que no se le encuentre sentido a la citada reforma dado que no coadyuvaría en mucho al fortalecimiento de la institución, en cambio podrían los docentes considerarla como un instrumento punitivo.
Lamentablemente las leyes secundarias de reforma educativa no contemplan una evaluación integral del sistema educativo, dicha evaluación debería iniciar por una revisión completa del sistema educativo nacional y reconocer lo que no ha funcionado, consecuencia en gran medida de una política pública fallida.
