Las experiencias que hemos vivido las y los mexicanos en los últimos procesos electorales nos llevan a reconocer la necesidad y urgencia de contar con una Ley de Partidos que responda a las necesidades actuales de nuestra democracia, con el único fin de fortalecerla, hacer realidad la transparencia y aumentar la participación de la ciudadanía.
En el Partido de la Revolución Democrática estamos comprometidos con lograr avances político electorales que permitan garantizar la decisión popular, terminar con la opacidad, evitar el ingreso de recursos ilícitos y acabar con la inequidad en los procesos electorales.
Las dos últimas elecciones federales son una muestra de las graves violaciones que se cometen durante los procesos y que sin embargo, al final de cuentas, no cambian los resultados, permitiendo que México sea gobernado sin legitimidad de quienes ostentan el cargo de Presidente de la República.
Me refiero al expresidente Felipe Calderón y ahora a Enrique Peña Nieto. El primero llegó a Los Pinos a través de fraude, fue impugnado y durante su sexenio tuvieron que ser resguardadas las boletas electorales. Al final, el fraude quedó impune y él gobernó.
El segundo fue protagonista del rebase de topes de gastos de campaña, “compra del sufragio”, entrega de dádivas, desviación de recursos públicos y queda la duda si hasta del uso de dinero de procedencia ilícita. Las denuncias no procedieron. Las autoridades electorales no sólo lo dejaron sin castigo, sino que validaron su “triunfo”.
Por ello nuestra insistencia de que dentro del Pacto por México, específicamente en la Reforma Electoral, se logren propuestas que realmente beneficien a la democracia y no se trate sólo de un maquillaje que, al final, sólo sea para dar “atole con el dedo” a la población.
En el marco del Pacto, el PRD está trabajando para construir acuerdos y cumplir los compromisos establecidos, por ello elaboramos y presentamos una propuesta de Ley General de Asociaciones Políticas, cuyos cuatro objetivos principales son:
1.- Que exista justicia partidaria y protección de los derechos político electorales de los militantes; es decir, garantizar que los procesos internos sean democráticos mediante el respeto del derecho de los militantes a seleccionar a sus dirigentes y candidatos.
2.- Afiliación libre y personal, para evitar la afiliación gremial.
3.- Transparencia y acceso a la información de los partidos, en concordancia con la Ley de Transparencia recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y
4.- Establecer requisitos para formar nuevos partidos y causales de pérdida de registro.
Otro de los ejes centrales es la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) para dar paso a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana.
Se trata de sustituir al IFE por un órgano que sea confiable y se responsabilice de organizar las elecciones federales, estatales y municipales, lo que a su vez redundará en la disminución de recursos económicos que se destinan a la organización de comicios.
El objetivo de la ley de partidos y asociaciones políticas que el PRD propone y que ya se discute en las mesas de diálogo del Pacto por México es contar con un sólo cuerpo normativo, que comprenda tanto a los partidos políticos como a las agrupaciones políticas en los distintos ámbitos nacional y estatal.
Se trata de dar uniformidad a la regulación del derecho de asociación política, contemplando las reglas para su conformación y disolución; afiliación libre e individual, obligaciones y derechos de sus integrantes; obtención y pérdida de registro, sus derechos y obligaciones; las reglas para su organización, funcionamiento y procedimientos de democracia interna; transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta de Ley General de Asociaciones Políticas tiene como principal propósito la democratización plena de partidos y agrupaciones políticas, el establecimiento de bases mínimas de democracia interna para su organización y funcionamiento, así como de rendición de cuentas y transparencia, siempre con respeto a la auto organización de dichas entidades de interés público.
Los perredistas queremos garantizar procesos electorales con mayor participación democrática, que se dé una competencia con equidad, que se investigue el origen y destino de los recurso económicos utilizados en los proceso electorales y se cuente con un modelo de fiscalización que sí garantice la transparencia y democracia, que evite la compra del voto y, sobre todo, que promueva la participación social, que hasta ahora es insuficiente por la pobreza y poca ciudadanía de las personas.
Además, tiene la intención primordial de regular a los partidos y las organizaciones para que haya reglas claras y efectivas, cumpliendo así la exigencia de la sociedad de transparentar a los partidos y que rindan cuentas, tal y como lo proponemos en el artículo 23, donde se hace referencia específica a la transparencia.
Lo relevante en este punto es la propuesta que hacemos para que los partidos políticos sean sujetos obligados directos para rendir cuentas y ser revisados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), ya que actualmente son sujetos obligados indirectos, lo que debe cambiar y ser fiscalizados por el IFE, en su caso por el nuevo instituto que proponemos crear.
Un hecho importante es lograr que el rebase de tope de gastos de campaña sea causal de nulidad.
Asimismo, sugerimos que la competencia entre los candidatos de partidos y ciudadanos se dé en igualdad de circunstancias y que el acceso a los tiempos de radio y televisión sea equitativo.
Estoy seguro que los integrantes de los demás partidos políticos apoyarán nuestra propuesta porque es viable y redundará en beneficios para la democracia.
*Representante del PRD ante el IFE
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