En el discurso, todos los partidos políticos parecen comprometidos con transparentar la gestión pública e inhibir la corrupción en la administración. En la práctica, los compromisos se diluyen y se imponen trabas para avanzar estos temas con el impulso y la urgencia que demandan.
El miércoles 14 de agosto, la Comisión Permanente de ambas Cámaras aprobó los temas que serán sometidos a discusión en el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar del 21 al 23 de este mismo mes. Entre las más importantes se abordarán las reformas en materia educativa; disciplina financiera de los estados y municipios y transparencia.
Al parecer nuestros legisladores decidieron incluir la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública y posponer para mejores tiempos el debate sobre corrupción. ¿Qué se contempla en estas propuestas?
La transparencia a prueba
El PRD fue el primero en presentar su iniciativa y le sucedieron el PRI y el PAN con sus respectivas propuestas. En diciembre de 2012, se aprobó una minuta en el Senado que incluía, entre otras, estas importantes modificaciones:
a. La autonomía constitucional del IFAI. El IFAI dejaría de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, lo que le permitiría ampliar sus atribuciones más allá del Ejecutivo Federal para garantizar el derecho de acceso a la información en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
b. La definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. Esto implica que las decisiones del órgano garante no podrán ser recurridas ante tribunales por los sujetos obligados para hacer más costosa y lenta la entrega de información.
c. La inclusión de los partidos políticos y los sindicatos como sujetos obligados directos. Esta modificación acortaría la ruta para acceder a la información de los partidos y evitar la intermediación del IFE. Por otro lado, los sindicatos que reciben recursos públicos también estarían obligados a transparentar sus finanzas, cosa que hoy en día no ocurre.
No obstante, esa minuta se encuentra atorada en la Cámara de Diputados por algunas reservas presentadas por los partidos políticos:
PRI-PVEM: desde diciembre de 2012 buscan revertir la inatacabilidad y definitividad de las resoluciones de IFAI y la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados directos. Quieren además que sea el Presidente quien nombre a los Comisionados, en vez del Senado.
PRI/PRD: Los legisladores de las dos fuerzas políticas están promoviendo una iniciativa para que se permitan los amparos ante la SCJN para impugnar las resoluciones del IFAI cuando se trate de temas de seguridad nacional. Además, prevén que los partidos políticos permanezcan como sujetos obligados indirectos, y que sólo ante una negativa de información el IFAI se convierta en la segunda instancia.
PAN: no ha presentado reservas al dictamen. Pero vale la pena recordar los amparos y reservas para no entregar información bajo los gobiernos panistas interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) (2009: caso Rosendo Radilla) y SAT (2010: contribuyentes que se beneficiaron con créditos fiscales en 2007), entre otros.
Lo anterior es evidencia tácita de la contradicción discursiva y práctica de los partidos para comprometerse con la transparencia, el acceso a la información y el respeto a las decisiones del órgano garante a nivel federal. La tercera semana de agosto será decisiva en la materia pues los ciudadanos conoceremos la forma en que este tema es votado en el extraordinario y evaluaremos el fortalecimiento o debilitamiento del IFAI en una batalla legislativa donde se prevé, inclusive, la renovación de todos los comisionados.
El combate a la corrupción en el olvido
Los posibles acuerdos en materia de transparencia contrastan con el impasse legislativo para crear un órgano anticorrupción. La discusión no está contemplada para el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar esta semana. Esto a pesar de que desde enero de 2013 se determinó legalmente la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El gobierno y la oposición han argumentado que la SFP no es efectiva en su labor pero han sido incapaces de sustituirla por un nuevo órgano anticorrupción.
El principal punto del disensoes si dotar de dientes o no al nuevo órgano. PAN y PRD están a favor de crear una Fiscalía con capacidad de compartir con el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, mientras que el PRI se opone a otorgarle esa atribución. Así las cosas, llevamos casi ocho meses en un limbo institucional para avanzar hacia un combate efectivo contra la corrupción.
Resulta inconcebible que estemos en la antesala de discutir y aprobar reformas de gran calado como la energética y la fiscal cuando la falta de transparencia, la limitada rendición de cuentas y los casos de corrupción son la regla y no la excepción en el quehacer gubernamental.
¿Cómo esperan los legisladores comunicar a los ciudadanos la pertinencia de estas reformas e incluso, como se han sugerido algunos de ellos convocarnos a un plebiscito para avanzarlas, cuando la transparencia y el combate a la corrupción parecen temas de segunda, sujetos al regateo legislativo?
*Investigadora de México Evalúa
