El agua como derecho humano

El agua como derecho humano

Existe la pretensión de promover este sexenio federal la intervención de la iniciativa privada en los organismos encargados de la operación del servicio público de suministro del líquido; el hecho de que la JIAPAZ pierda cada año alrededor de 367 millones 922 mil pesos por fugas, mal uso del vital líquido y tomas clandestinas en sus redes pueden ser argumentos para entregar un derecho a la iniciativa privada. Los promotores sustentan su pretensión en la necesidad de emprender procesos de mejora, profesionalización y modernización, lo que traería como beneficios el saneamiento de las finanzas de los organismos públicos, contrarrestaría su dependencia de los subsidios y permitiría incorporar gradualmente los costos de infraestructura, operación y mantenimiento al costo que pagan los usuarios por el servicio.

Es inevitable percibir esta visión como parte de un proyecto integral para trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, con argumentos similares a los empleados en servicios como la recolección de basura o en los mismos hidrocarburos y energéticos: la supuesta inoperancia técnica, operativa y financiera de los organismos públicos encargados de administrar tales recursos y servicios.

En el caso que se comenta, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es tanto más improcedente cuanto que esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional.

Es inevitable suponer que la concreción de los planes privatizadores derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos similares en el mundo, donde lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, el manejo con una lógica mercantilista acaba por dar prioridad a la demanda de los grandes consumidores –industrias de diversos ramos– en perjuicio de las necesidades de amplias franjas de la población, sobre todo de los sectores menos favorecidos, como los habitantes de los entornos rurales y los vecinos de las colonias populares, quienes ya padecen desabasto regular del agua.

Por lo demás, la experiencia histórica da cuenta del riesgo de desestabilización política que conlleva una visión mercantilista del manejo del agua a través de la entrega de los recursos naturales a corporaciones que, por lo general, se caracterizan por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales. Un precedente ineludible es la guerra del agua en Cochabamba, una serie de protestas realizadas en esa ciudad boliviana entre enero y abril de 2000 a raíz de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años, en forma por demás turbia, el sistema de agua de aquella región a la trasnacional Agua del Tunari.

Actualmente, cuando en el plano internacional avanza una tendencia al reconocimiento del derecho humano al agua como paso imprescindible en el proceso civilizatorio y en los esfuerzos por garantizar la viabilidad de la especie humana, la visión gubernamental de las nuevas administraciones municipales, de los legisladores y del mismo ejecutivo debe de ir encaminada en dotarle a la JIAPAZ y a los organismos municipales los recursos necesarios para su modernización y la ampliación de servicios, anteponiendo sobre todo interés privado, la garantía de que todo ser humano tiene derecho a acceder al agua.

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