25.3 C
Zacatecas
jueves, 28 marzo, 2024
spot_img

Autodefensa: cuestión de vida o muerte

Más Leídas

- Publicidad -

Por: ABIGAIL DÁVALOS • CÉSAR ALAN RUIZ GALICIA •

El 15 de septiembre de 2008 detonaron dos granadas de fragmentación durante la ceremonia de celebración del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán. Ese día surgió en México el concepto de narcoterrorismo. A partir de entonces la violencia en ese estado ha recrudecido, y ello se debe a que el escenario se ha complejizado con la multiplicación de los protagonistas del conflicto.

- Publicidad -

Hace algunos años, eran grandes grupos de narcotraficantes los que manejaban el mercado de las drogas en el país, enfrentándose casi exclusivamente entre ellos por la disputa de territorios, pero manteniéndose al margen de la sociedad civil. El narcotráfico era una actividad relativamente tolerada por el estado y la población.

Esta condición cambió radicalmente cuando estos grupos comenzaron a dividirse y encontraron en la extorsión de la comunidad un excelente cimiento para la construcción de una empresa sin límites, que va más allá de la venta y tráfico de drogas: ahora abarca también actividades como la piratería, la prostitución o el manejo de centros nocturnos.

Michoacán ha sufrido de cerca el desarrollo de esta nueva gran empresa que es el crimen organizado, y más de cerca ha sentido el despliegue de la violencia desatada que se ha multiplicado por varios frentes. Por ejemplo, a la escisión de grupos armados como La Familia Michoacana surgen los Caballeros Templarios y su conflicto con el Cártel de Sinaloa hacen de este estado un territorio en disputa continua, tanto por la riqueza de su terreno como por su posición geográfica.

Durante mucho tiempo, el Gobierno federal subestimó la situación y minimizó el peligro del fortalecimiento de los Caballeros. Hoy en día, este grupo armado representa el tercer cartel más importante del país y la “guerra contra el narcotráfico” no ha hecho más que incrementar la violencia en la región, por lo que las medidas tomadas desde arriba resultan insuficientes.

El plan de Defensa Nacional va dirigido al incremento de las fuerzas del Ejército y la Marina en el estado, pero este procedimiento sólo representa más de lo mismo: violencia disfrazada con otro uniforme y una nueva invasión a las poblaciones.

Lo que no se ha comprendido es que el trabajo de las fuerzas armadas es en todo caso de contención. Posterior a ello, es posible establecer otras metodologías de vinculación social para volver a zurcir el tejido asociativo y las relaciones de confianza, creando así las bases para una nueva convivencia.

Por todo ello se extraña una estrategia de Estado, que desglosada por etapas, de pie a una verdadera política de seguridad. Se trata de girar en torno a la elevación del bienestar, articulando el aumento del ingreso y de la inversión pública, del fomento a la organización comunitaria y el desarrollo de proyectos productivos, elementos que encadenados, cambiarán las premisas colectivas hacia la pacificación y desarrollo de las zonas más conflictivas.

Mientras eso ocurre, muchas personas viven un infierno de zozobra permanente. La semana pasada fuimos testigos de bloqueos, emboscadas y enfrentamientos en las carreteras de Michoacán, que según Eduardo Sánchez, vocero de la Secretaría de Gobernación, se debieron a una reacción de los grupos armados ante la presencia “eficaz” del Ejército en la zona. La suspicacia que suscita este diagnóstico puede fundarse en la experiencia: el recrudecimiento de la violencia no es un síntoma de mejora, sino de crisis.

Esto no es lo que la población civil de Michoacán y del resto del país requiere. Este juego de negociaciones, corrupciones y templanzas no dan ninguna seguridad a quienes tienen que asumir como su realidad cotidiana tan desolador contexto. Es entonces cuando entran nuevos actores al escenario.

Los grupos de autodefensa comienzan a surgir en el país como una reacción popular a lo que consideran un estado fallido que no logra cumplir su demanda básica de seguridad. Grupos como el de Coalcomán, Buenavista o Tepalcatepec han decidido organizarse y tomar las armas para evitar la incursión de narcotraficantes en sus municipios.

Entra aquí la discusión sobre la legalidad y legitimidad de su reacción: mientras que académicos como Antonio González Ruiz sostienen que el artículo 21 de la Constitución los avala, otras voces disienten apelando a una definición tradicional de Estado: quien dentro de un territorio exige y consigue el monopolio de la coacción física legítima. Si existe otra fuerza que puede utilizarla en un mismo espacio de Soberanía, se desgaja la función de Estado frente a nuestros ojos. Por otra parte, es un tema controversial porque para abastecerse, los pueblos habrían de involucrarse con el mercado negro de armas.

Sería absurdo que el gobierno tomara como medida prioritaria desarmar a estas policías comunitarias, si después de tantos años no lo ha hecho con los grupos delictivos, quienes obtienen su armamento de manera ilegal. En caso de obrar así, dejarían completamente vulnerables y como un blanco fácil a comunidades que han tenido el valor y la capacidad organizativa de lograr lo que ni el ejército, ni la marina, ni la guerra contra el narcotráfico han podido: su paz y su seguridad. ■

Twitter: @desconchinflad_
@CsarEleon

- Publicidad -

Noticias Recomendadas

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -