El Pacto por México es un acuerdo copular, que transita por un circuito interpartidista y bajo modalidades de operación discrecional. Su leitmotiv es acotar poderes fácticos para que el Estado recupere la dirección de lo público, así como desmantelar los obstáculos de las premisas ideológicas del gobierno. En esa narrativa se construyen las “reformas estructurales” que luego deben ser confirmadas por una mayoría parlamentaria disciplinada (en el compromiso número 87 se le llama “gobernabilidad democrática” y supone a la pluralidad coaligada en torno a un programa de gobierno).
Pero veamos correspondencias: en 2003 el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó su propuesta de Modernización del Estado, con cuatro líneas de reformas necesarias para que Latinoamérica “supere” el desencanto de las ineficientes democracias que tanto le costaron. Entre esas directrices se encuentra la reforma democrática que enfatiza el fortalecimiento institucional del legislativo y la participación ciudadana en el diseño del plan de políticas públicas. Suena mucho al Pacto por México.
Con este escenario de fondo, el partido que ha regresado al poder busca su legitimación mediante su supuesta preocupación por la gobernabilidad, entendida como el equilibrio a alcanzarse entre las demandas sociales y la efectiva respuesta del gobierno.
Las últimas elecciones -además de la ola de violencia de la que fuimos testigos- han dejado en claro la falta de credibilidad que la población tiene para las instituciones (postular animales a las candidaturas es un claro síntoma del circo en que los ciudadanos ven a sus gobiernos). El Pacto por México es un esfuerzo desesperado por aminorar este malestar general. Pero son casi patadas de ahogado.
Autores como Antonio Camou y Laura Valencia concuerdan en que “tales deficiencias están relacionadas con la falta de gobernabilidad democrática porque, al carecer de equilibrios entre la efectividad y eficiencia de las tareas gubernamentales, la respuesta social al déficit es la desconfianza de la población que puede llegar o no a deslegitimar al régimen, lo que produce conatos de inestabilidad e incluso violencia”.
Recordemos que el PRI es un partido de consensos -así sean artificiales o solubles- que hoy reafirma su voluntad de cohesión cesarista. Incluso ha optado por el pragmatismo reformista a su interior, modificando estatutos para retomar la gobernabilidad vertical, con el ejecutivo como pilar y guía de ajuste.
El Pacto por México es entonces un mecanismo para lograr gobernabilidad en ausencia de reformas políticas profundas que permitan regir la pluralidad con fluidez. Es un artilugio del autoritarismo en la medida que los acuerdos no deben construirse a priori el debate parlamentario, sino que han de ser producto de la discusión. Además, la gobernabilidad democrática se alcanza mediante fórmulas efectivas de resolución de conflictos, así como por instancias de acuerdo y vinculación en el régimen, no como consecuencia de compromisos de disciplina interpartidista.
Pues el pacto sobrevivió a estas elecciones, marcadas por las alianzas partidistas, el uso partidista de programas sociales y la rampante violencia, elementos que empañaron la normalidad del proceso. De poco sirvió el famoso “Adéndum” al pacto por México, que pretendía garantizar la limpieza de las elecciones. Sin embargo, la clave es que el nuevo reparto del poder no es significativamente diferente y por ello, el pacto se mantiene.
Al interpretar los resultados electorales, hay que poner más atención en las dinámicas locales, como el desempeño del gobierno de salida, las características de los candidatos, las coaliciones y el contexto, por encima de los comentarios a modo sobre asuntos específicos -que tanto empiezan a circular- como suponer que victorias concretas del PRI son un espaldarazo al Pacto por México. Es absurdo porque no puede ser que cada individuo tenga un posicionamiento racional tan específico al realizar un acto tan general como votar. Es igual de improcedente que pensar que se aprueba con ello que Peña se reúna con el ministro de Guyana o que programe la entrega de sillas de ruedas a un hospital, etc.
En esa tónica hay que considerar las valoraciones del gobierno de EPN, el desencanto o encanto por el retorno del PRI, etc., que son sutilezas que es difícil que interprete un votante medio.
Lo cierto es que el PRD es la tercera fuerza electoral y tendrá que reconsiderar le apuesta a una izquierda “responsable” que se alía con el poder en turno, con el halo del pragmatismo y la corrupción que se ha vuelto una especie de adhesivo al nombre. Respecto al PAN, al interior se fortalece el Maderismo respecto al grupo de Cordero, Lozano y Gil. El PRI mantiene su posición política y nos remite nuevamente a esa cultura política corporativista, patrimonialista y clientelar. ■
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