México, DF. En un mensaje de apoyo al magisterio disidente, intelectuales y defensores de derechos humanos como el científico social y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, afirmaron que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional, son una “contrarreforma” que violenta el espíritu y la letra de la Constitución, y representa un retroceso del pacto social y político alcanzó por la Revolución Mexicana.
Suscrito también por los investigadores y periodistas Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos y Miguel Álvarez Gándara, manifiestan su apoyo al magisterio disidente para exigir la abrogación de la reforma, pero también para impulsar una revolución en la educación que implique un cambio en la conciencia, en los métodos educativos y en las relaciones maestro-alumno-familia-comunidad.
Las modificaciones constitucionales en materia educativa, aseguraron que se trata de una más de las acciones “autoritarias y restrictivas” de un Estado neoliberal, pero también es una “vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber sido consensada entre quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia”.
Ante cientos de maestros reunidos en el Foro Nacional sobre la Reforma Educativa, al que también acude el representante de la Secretaría de Gobernación en el DF, Ángel Ochoa, destacaron que se trata de una iniciativa que surge de “poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos”.
Por ello, explicaron, se ha emprendido una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, “a través de los monopolios de la información y de sus mercenarios en la prensa y los medios masivos de comunicación”.
La reforma educativa, indicaron, en los hechos, es una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial, afectado su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso, pero sin resolver los problemas del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar.
Se rompe también, señalaron, con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y “gestión escolar”, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia.
