El 28 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión un documento de máxima relevancia en términos de política pública, el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF). Desafortunadamente aún no es reconocido con la importancia que se merece.
El PFG contiene una estimación de lo que le “cuestan” al erario los tratamientos tributarios preferenciales que recibimos muchos contribuyentes (personas físicas y morales) en forma de deducciones, tasas preferenciales, exenciones, estímulos fiscales en diversos impuestos federales, como el impuesto sobre la renta. Contiene la estimación de los recursos que Gobierno Federal dejará de ingresar durante 2013 por concepto de tratamientos preferenciales, inscritos en las distintas leyes de los impuestos de la Federación. Incluye el costo o impacto en el erario de cada tratamiento preferencial, pero no se incluye un estimado del total de la suma de los gastos fiscales. Se ha estimado en diversas publicaciones que este gasto en los últimos años ha sumado entre 5 por ciento y 6 por ciento del PIB.
A diferencia del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el PGF es sólo informativo, no está sujeto a debate ni a aprobación por parte del Congreso. La SHCP sólo “nos comparte” información mediante este documento. Esta característica del PFG es una gran limitación del funcionamiento de nuestras instancias públicas con respecto al manejo de los recursos fiscales; los tratamientos fiscales preferenciales que derivan en los gastos fiscales no están sujetos a revisión anual sistemática por alguna instancia pública externa a la SHCP, sea el Congreso u otro órgano independiente. Así que muchos de ellos pueden vivir eternamente en las leyes de impuestos, a pesar de que el contexto económico o social que los motivó haya cambiado y vayan perdiendo vigencia a lo largo del tiempo.
Aun cuando el gasto fiscal tiene una naturaleza completamente distinta a la del gasto público, en la práctica tienen el mismo efecto sobre el erario: ambos disminuyen los ingresos públicos, por lo que se debe rendir cuentas sobre el manejo de ambos. Hoy es impensable que un programa de subsidios financiado con gasto público no revele información acerca de sus resultados o de cuántos beneficiarios tiene, así como las características socioeconómicas de los mismos. En el caso del PGF esto aún no es una obligación.
Sorprende que el reporte de los gastos fiscales siga careciendo de información fundamental para entender y valorar dichos gastos. A pesar de que ha mejorado en los últimos años, aún no cumple con todos los estándares para valorar adecuadamente a los gastos fiscales vigentes. Debemos contar con un documento que brinde la información necesaria para 1) poder comparar el costo de las medidas tributarias que derivan en gastos fiscales con las medidas que derivan en gastos públicos y 2) poder hacer análisis costo-beneficio entre las propias medidas tributarias que derivan en gastos fiscales.
¿Por qué la reforma fiscal se centra en la eliminación de la tasa cero para alimentos y medicinas? México destaca entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros por el peso promedio que tiene el gasto en alimentos como proporción del gasto en los hogares (20 por ciento). Incluso, en abril pasado, la FAO reportó que la inflación de los precios de los alimentos en México fue 9.5 por ciento a tasa anual, mientras que la inflación general fue 4.6 por ciento a tasa anual. Una discusión centrada en la eliminación del IVA para estos productos cuando no evaluamos el resto de los gastos fiscales -que ascienden a cientos de miles de millones de pesos- parece un despropósito.
En México Evalúa se considera que la reforma fiscal debe incluir una mejor propuesta en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas, seguimiento, análisis y evaluación de los gastos fiscales, como sucede en otros países, como los de la OCDE. Debe institucionalizarse un consejo o comité, o un ente de expertos, en adición a SHCP y con autonomía suficiente, que se encargue de la revisión y evaluación sistemáticas de los gastos fiscales. También es indispensable que el Congreso asuma un papel más crítico y analítico, debe hacer un mayor contrapeso. ■
