El subsecretario de Minas y Parque Industriales, Christopher Avila Mier, informó que la Secretaría de Economía del estado (Sezac) desconoce el tema sobre la supuesta falsificación de documentos por parte de la empresa Frisco-Tayahua, como afirmaron habitantes de la comunidad de Salaverna, en Mazapil.
Gobierno estatal, agregó el funcionario, estará siempre a favor de la certeza jurídica para quienes cuenten con los derechos de propiedad, por lo que instó a los ciudadanos a que recurran a los medios legales en caso de que consideren que sus derechos son agraviados.
Este miércoles, pobladores de esta comunidad aseguraron que la escritura que ostenta la empresa minera tiene modificaciones hechas con una pluma roja sobre la fecha de emisión, sin embargo con ella se adjudica la propiedad de los terrenos.
Al respecto, Avila Mier informó que según la información por parte de la empresa minera, el poblado se encuentra en terrenos propiedad de Frisco-Tayahua y en el lugar se ha realizado una extracción minera por más de 30 años, tiempo en el que se realizaron varios asentamientos irregulares.
De acuerdo con esta información, el poblado quedó en la superficie de una mina que dejó de explotarse hace más de 56 años, pero desde hace cinco años Minera Tayahua está interesada en su explotación y advierte de los riesgos de derrumbe.
El subdirector de Minas y Parque Industriales afirmó que no corresponde “del todo” a esta dependencia solicitar una copia de las escrituras que la empresa dice poseer, sino que lo más importante es advertir sobre el riesgo para la población si insiste en permanecer en el lugar. Los pobladores, agregó, tampoco han mostrado sus títulos de propiedad.
Reiteró que si los ciudadanos estiman que las escrituras son falsas deben acudir a los juzgados para hacer valer esta pretensión; son estas las autoridades a quienes corresponde fijar sanciones en caso de que se comprueben irregularidades, dijo.
A Gobierno del Estado, agregó, le corresponde tratar de que se mantenga apertura al diálogo por parte de las partes debido al interés de la administración en que se logre la apertura de esta fuente de trabajo que permitiría el desarrollo de la región.
El exhorto hacia los pobladores de Salaverna es que evalúen su integridad y la de sus familias ante el peligro de derrumbes en la zona, sin embargo reiteró que la negociación corresponde a Frisco y no a Gobierno estatal.
El inicio de los trabajos en esta zona, donde se encuentra la comunidad de Salaverna y terreno en el que se realizará el tajo de la mina, generaría mil 500 empleos en beneficio de más de 6 mil personas, así como una derrama económica mensual de aproximadamente 20 millones de pesos y salarios.
“Son intereses que hay que conciliar, el de la empresa por explotar lo que tiene concesionado y el de los pobladores de defender su patrimonio o de verse compensados de una manera adecuada, así como el interés del gobierno por la generación de empleos”, declaró el funcionario.
