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jueves, 28 marzo, 2024
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Hacia un Ley del Derecho a la Alimentación

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Por: MARCOS IBARRA INFANTE •

El problema del hambre es un pesado lastre para cualquier sociedad en los tiempos actuales, afecta el desempeño físico y mental de las personas que la padecen, así como el tejido social donde se desenvuelven. Una persona con hambre ve mermadas sus capacidades personales pero también la posibilidad de insertarse al entorno económico y social de su comunidad, generando con ello resentimiento y por ende, un caldo de cultivo para la práctica de actividades delincuenciales. De acuerdo con la FAO (organismo de la ONU), uno de cada siete habitantes del planeta padece hambre, mientras que en México la relación es de uno de cada cuatro, es decir, 28 millones de mexicanos. Esta misma organización recomendó impulsar en nuestro país una ley sobre el derecho a la alimentación que establezca un salario mínimo que permita satisfacer todas las necesidades básicas de alimento para los trabajadores y sus familias.

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En este contexto, se ha iniciado en el Congreso de la Unión un importante debate para aprobar la Ley del Derecho a la Alimentación, que busca reglamentar los artículos 4 y 27, fracción 20, de la Constitución, y con ello garantizar de manera efectiva la alimentación de millones de mexicanos que no tienen para comer. Esta discusión, que tiene lugar en la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, de resultar positiva, puede hacer la gran diferencia entre políticas públicas y programas efectivos versus aquellos que sólo se quedan en buenas intenciones, es decir, no es lo mismo presupuestar recursos para el combate a la pobreza a partir de la buena voluntad de los funcionarios a que tengan que hacerlo por obligación. Pongo unos ejemplos muy concretos al respecto:

1.- Al arrancar la estrategia Hambre Cero en Brasil, el presupuesto de la Secretaría responsable (Secretaria de la Comunidad Solidaria) pasó de $12.5 millones de reales a $1,800 millones de reales, un incremento de 14,300%. En México el presupuesto que se canalizó al ramo 20 en 2012, en el PEF, alcanzó los $84 mil millones y para 2013 fue de $90 mil millones, un incremento de apenas 6.6%;aunque se debe reconocer el compromiso que externó el Presidente Peña Nieto para que se destinen 294 mil millones de pesos exclusivos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, provenientes de 70 programas federales que tienen incidencia en las carencias, sin embargo esto no es una práctica permanente ni esta garantizada para el próximo ejercicio fiscal.

  1. Con motivo de festejo del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana se creó la Estela de Luz, la cual tuvo un costo final de 1,305 millones de pesos, dinero que de haber sido invertido buscando fortalecer la alimentación, nos hubiera permitido, con el programa Oportunidades, apoyar con transferencias económicas a 3.1 millones de personas.
    En suma, se requiere garantizar desde el Congreso de la Unión que exista un verdadero compromiso en el combate al hambre en todos los niveles de Gobierno. La propuesta de la Comisión de Asuntos Alimentarios es un buen inicio, porque además tiene un enfoque integral que abarca el tema de la ingesta básica de alimentos para los más pobres y busca resolver el tema de la producción, el abasto y el desperdicio .

Entre los puntos que se abordarán en la ley, de acuerdo a declaraciones de los integrantes, encontramos temas como el acceso a la tierra para la producción familiar de alimentos, la producción sustentable de alimentos, la instalación de comedores para la alimentación de población vulnerable, la adquisición de alimentos a productores locales, la producción de autoconsumo, la captación de agua pluvial, organización comunitaria y social para la distribución y comercialización de excedentes de la producción local, entre otros.
El reto para los gobiernos locales es avanzar en el andamiaje institucional que les permita estar a la altura de los requerimientos que implicará la nueva Ley. Se requiere desde un diagnóstico claro de la situación productiva y de abasto que tiene cada municipio, localidad y colonia, para el caso urbano, hasta el desarrollo de una red que permita llegar con alimentos a los que menos tienen; la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha marcado el rumbo para lograr ese objetivo, la pregunta es ¿qué tanto las entidades se han involucrado de manera real en esos objetivos?, ¿será necesario que sea una obligación constitucional para ponerse a hacer algo? El problema es que la gente no aguanta más, la pobreza y el hambre no esperan. ■

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