La movilización del magisterio contra la reforma educativa, de la población que lucha contra la devastación del medio ambiente que las empresas, especialmente las mineras, han propiciado en diversos puntos del país; de las comunidades que han creado su propia policía para hacer frente a la inseguridad y de las familias de desaparecidos que exigen la presentación de los suyos, indican la existencia de una resistencia muy amplia contra las políticas y reformas impuestas en México por organismos internacionales.
Así lo afirmó el periodista de La Jornada, Luis Hernández Navarro, quien visitó la capital del estado para presentar su libro titulado No habrá recreo. Contrarreforma constitucional y desobediencia magisterial.
Sobre esas reformas, que se refieren al ámbito laboral, educativo y energético, dijo que su implementación muestra el avance de la agenda neoliberal que en otros momentos había sido detenida por los movimientos sociales y por la falta de acuerdos políticos entre la élite.
El problema reside en que hay la intención de incrementar el Impuesto al Valor Agregado y extenderlo a medicinas y alimentos, por una parte, y de privatizar
Petróleos Mexicanos, por otra.
A pesar de ese contexto desfavorable, manifestó que “las cosas han comenzado a cambiar, porque la movilización del magisterio en contra de la reforma educativa ha prendido las luces de alerta y ha advertido de sus peligros a diversos sectores de la población”.
Según Hernández Navarro, en México hay tres ejes de movilización que están resistiendo a todas esas reformas. El primero es el sector magisterial agrupado en la CNTE, que ha obligado a la realización de foros y debates sobre la contrarreforma y su impacto negativo sobre la educación pública.
El segundo eje de resistencia es la lucha contra la devastación ambiental por parte de la población que ve afectado su medio de subsistencia, particularmente en lugares donde se han otorgado concesiones a mineras que explotan yacimientos con tajos a cielo abierto. Es decir, “hay una conflictividad social repartida en todo el país. Ha iniciado el surgimiento de nuevos sujetos.
El tercer frente de movilización gira en torno a los problemas de seguridad pública, ya que comunidades indígenas reivindican sus derechos con la conformación de una policía comunitaria, mientras que los familiares de los desaparecidos, producto de la guerra de Felipe Calderón, cada vez se movilizan más en todo el país para exigir la presentación de los suyos.
En relación a su libro, presentado por invitación del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano y el Frente Social por la Soberanía Popular, señaló que la reforma educativa no es una iniciativa de Enrique Peña Nieto o del Pacto por México, sino de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y asociaciones empresariales como Mexicanos Primero.
Sobre ese organismo, comentó que se trata de una organización que se presume a sí misma como ciudadana, pero que en realidad expresa los intereses de los empresarios y cuya agenda desde 2005 ha consistido en realizar una campaña sistemática para denostar a los maestros.
Además, el coordinador de Opinión de La Jornada dijo que la modificación del artículo tercero constitucional se limita al ámbito laboral y administrativo, busca implementar un régimen de excepción para los trabajadores de la educación y la eliminación de conquistas sindicales, como la permanencia en el empleo.
En ese sentido, indicó que no se trata de una reforma, sino de una contrarreforma que no pretende ampliar o profundizar los derechos, al contrario, sólo consiste en una nueva normatividad que los reduce e impulsa la privatización de la educación pública.
“La privatización no es ninguna apreciación exagerada y esa intención se exhibe en los cambios que se hicieron al artículo 73 constitucional, por ejemplo con el reconocimiento explícito de la autonomía a las escuelas, que en los hechos se va a traducir en la legalización de las cuotas”, dijo Hernández Navarro.
Aunque las cuotas escolares ya existen, el periodista recordó que éstas no son legales, por lo cual el principio de gratuidad de la enseñanza será uno de los más afectados con esa contrarreforma.
Otro aspecto de la iniciativa que promueve la privatización, añadió, es el conjunto de conceptos que provienen del mundo empresarial y no de la pedagogía, mediante los cuales se considera a la educación como una mercancía y no un derecho.
Detalló además que la implementación de la contrarreforma se efectuó después de una campaña de satanización de los maestros a través de los medios de comunicación masivos, especialmente de Tv Azteca, cuyo dueño, Enrique Salinas Pliego, hizo que los jugadores de Monarcas Morelia, también de su propiedad, portaran en un partido una playera blanca con la imagen de una tarjeta roja y con la leyenda “A los malos maestros”.
Ese suceso fue peculiar, pues se trataba de un equipo de futbol que saltaba a la cancha para mostrar a través de la televisión que había que expulsar de su trabajo a los trabajadores de la educación en Michoacán.
Sin embargo, la campaña contra los maestros y la educación pública contempló muchas otras expresiones más, como el cine, la radio, la televisión y la prensa escrita, mediante la cual se buscó presentar a los maestros como trabajadores privilegiados que tenían secuestradas a la educación y a la niñez, cuya única especialidad era crear problemas para conseguir beneficios, y como los responsables del desastre educativo.
De esa manera, reiteró que la reforma se presentó como la solución para los grandes problemas de la educación y generó el interés de muchos sectores de la sociedad, pero al transcurrir el tiempo se ha esclarecido el sentido y el alcance de la contrarreforma y producto de ello el apoyo ha disminuido drásticamente.
De acuerdo con una encuesta aplicada por el Centro de Estudios de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, refirió, la aceptación de esa reforma ha disminuido en más de 30 por ciento, lo que muestra “una caída espectacular”.
Desde su punto de vista, esa situación significa que en la medida que la opinión pública conoce los alcances de la reforma y en la medida en que los especialistas se dan cuenta que “es una medicina que no cura al paciente, sino que lo mata”, el apoyo se va a reducir más.
