Recientemente varias empresas a nivel nacional y que cotizan en la bolsa anunciaron la liquidación de la totalidad de sus créditos fiscales tras acogerse a un programa de condonación fiscal.
Un referente necesario es el hecho de que Grupo Televisa, acogiéndose al mismo programa de condonación fiscal, eludió un pago por 3 mil 300 millones de pesos en impuestos gracias a varias estrategias legaloides y de paso gracias al cabildeo y empuje del diputado federal zacatecano, José Isabel Trejo.
Otro caso significativo es la decisión de gravar con 5 por ciento el producto de la venta de Grupo Modelo a la firma estadunidense Anheuser-Busch, operación valuada en más de 20 mil millones de dólares y que, sin embargo, reportará a las arcas públicas un ingreso por poco más de 4 mil millones de pesos. Empresa que inmediatamente comenzó a despedir personal zacatecano en la llamada planta Corona, ubicada en el municipio de Calera de Víctor Rosales.
Los hechos que se comentan dan cuenta, desde distintas perspectivas, del carácter pro-empresarial de la autoridad fiscal y de nuestros representantes legislativos, así como de un sistema recaudatorio que acusa un favoritismo estructural hacia los ricos.
En efecto, los programas de condonación parecen limitados a los grandes magnates nacionales y extranjeros y a sus consorcios, quienes cuentan a su servicio con legisladores -entre ellos Chabelo Trejo- ejércitos jurídicos y contables necesarios para acceder a esos beneficios, y contrasta con el terrorismo fiscal que padecen los asalariados y las micro y pequeñas empresas. El sistema tributario hace impensable que un consumidor pueda eludir el pago del IVA en sus compras en el comercio formal, pero nada impide que un solo contribuyente pueda acceder a miles de millones de pesos en créditos fiscales. Los causantes cautivos y los profesionistas que cobran por honorarios pueden enfrentarse a un infierno fiscal y jurídico por simples errores contables e irregularidades menores en el manejo de sus archivos. Pero las grandes instituciones financieras del país, los principales corporativos empresariales y las empresas televisivas que dominan el mercado pueden darse el lujo de pagar sus impuestos en forma diferida y hasta de legalizar sus evasiones.
La circunstancia descrita resulta tanto más insultante en un escenario en que persisten grandes rezagos económicos, sociales e institucionales, en buena medida atribuidos por el discurso oficial a la insuficiencia de recursos públicos, en general, y de ingresos fiscales en particular. Cabe suponer que los recursos que dejan de ingresar al fisco a consecuencia de mecanismos como los referidos resultarían sumamente útiles para poner en marcha la reactivación del campo, para generar empleos y construir infraestructura, para edificar escuelas, hospitales, refinerías y para financiar verdaderas políticas de desarrollo social.
A la vista de las irregularidades referidas y de la masiva inmoralidad que dejan entrever, es razonable pensar que para enderezar las finanzas públicas del país bastaría con que en las filas de la administración pública se combatiera la corrupción y el dispendio y que las autoridades fiscales se desempeñaran con un mínimo de equidad y transparencia en el cobro de impuestos. En todo caso, una reforma en ese campo debiera estar orientada a simplificar los trámites fiscales, a efecto de permitir que todos los contribuyentes puedan gozar de los beneficios en la materia, y a frenar el saqueo de recursos públicos puesto en práctica por los grandes consorcios sin el apoyo de alfiles estratégicos que se ostentan como representantes populares pero que operan en su contra.
